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Más amenazas a la Libertad de Expresión: Gaza y la LPI

El mes de julio está siendo bastante negro tanto para el Periodismo en particular como para la libertad de expresión en general. Ha habido, sobre todo, dos hechos que, aunque no son comparables por la magnitud casi de genocidio de uno de ellos, me han parecido los más graves: la aprobación en la Cámara Baja española de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y el desastre humanitario de Gaza.

Los periodistas en la diana

En este último tema, no voy a entrar en cuestiones políticas o en quién tiene la razón, ya que si lo hago voy a perder los papeles, sino en la insistencia de Israel por acallar al mensajero, no garantizando como debe, según los tratados internacionales, la seguridad de los profesionales que allí trabajan para informarnos a todos de lo que ocurre: periodistas, cámaras y fotógrafos.

Según los Convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, y en los Protocolos adicionales posteriores (1977), en los estados en guerras y en los conflictos dentro de los propios territorios: “Las partes en un conflicto tienen prohibido elegir como blanco a los civiles y deben tomar todas las precauciones para evitar que los ataques provoquen víctimas en la población civil. Asimismo, deben evitar las acciones defensivas que pongan en peligro a la población civil. Los civiles no pueden ser utilizados como escudos humanos ni se los puede obligar a abandonar su lugar de residencia. Además, quedan expresamente prohibidos los ataques innecesarios a sus medios de subsistencia (la tierra, por ejemplo), viviendas, medios de transporte o instalaciones sanitarias”. Así se difunde en la web del Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin comentarios (y no me estoy refiriendo a los profesionales de la información).

Más específicamente, en el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, el artículo 79 está dedicado a los periodistas:

Protoloco adicional I de los Convenios de Ginebra - protección al periodista

Además, el Consejo de Seguridad de la ONU, en la Resolución 1738 de 2006, condena los ataques intencionados contra nosotros ya que tenemos la consideración de civiles y también resalta que los medios de comunicación “no podrán ser objeto de ataques ni represalias”.

Visto lo anterior, llega Israel y, con toda la tranquilidad del mundo, decide obligar a firmar a los profesionales que cubren la zona de Gaza un acta que les exime a ellos de los daños que se les puedan causar durante los ataques a los palestinos, si se niegan a firmarlo, no entran para poder cumplir con su trabajo. Teniendo en cuenta que cada hora que pasa en esta incruenta guerra muere un niño, una personita que tiene el mayor grado de protección del derecho internacional, no es de extrañar esta imposición israelí. Y en occidente y oriente todos callados; solo resoluciones o denuncias que no sirven para parar la sangría ni una escalada cuyos responsables son ambos bandos en una u otra medida.

Terminar con la violencia

Me detengo aquí porque tanta injusticia me enerva y regreso a territorio patrio, a esa increíble Ley de Propiedad Intelectual que, por procedimiento de urgencia que ni ellos mismos explican (“Existen problemas cuya solución no puede esperar”), ha aprobado el Congreso con 22 votos a favor y 20 en contra. Lo primero que se me pasó por la cabeza cuando empecé a documentarme sobre ella es ¿para qué? Dentro de unos meses, la Unión Europea establecerá una legislación sobre la materia, entonces ¿qué prisa tienen estos señores?

He tenido la valentía, porque hace falta valor, te lo aseguro, para leerme el texto. Tengo algo de experiencia en revisar documentos legales y creo que pocas veces he tenido la desgracia de toparme con uno así: es confuso, oscuro, retorcido y con un lenguaje repleto de adverbios terminados en -mente y -miento. Para entender algunos párrafos, los he tenido que leer tres y cuatro veces por lo enrevesado; dos horas para treinta y dos páginas, ahí es nada. No me extraña que algún diputado no supiera ni qué estaba votando.

Dicho esto, hay un punto que quiero resaltar. Todos hablamos de la tasa Google, del canon AEDE, pero solo una persona ha mencionado algo de gran importancia: las universidades y centros de investigación deberán pagar también un canon por “actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo”.

espiral de libros

A este respecto, he aquí un ejemplo del lenguaje al que me refería. Léelo con cuidado porque creo que puede tener efectos secundarios: “En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión”. Artículo 32 (el mismo de la tasa Google), punto 4. Sin duda, un artículo con el que se han cubierto de gloria.

Pero vayamos al canon AEDE, que es el que nos afecta a los periodistas… y también a los blogueros, los tuiteros, los activos en redes sociales, etc. Pocos dudan de que es importante proteger los derechos de autor, ni de que la tecnología ha traído consigo, además de muchos aspectos positivos, algunos negativos. Sin embargo, en mi modesta opinión, nuestro gobierno está exagerando y las enmiendas de la oposición, que no se han aceptado, vienen a echar más leña al fuego, en vez de apagarlo.

En otra entrada de Bloggy Mary, hablé sobre la libertad de expresión. Recordaba entonces lo que dice el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Quiero hacer especial énfasis en que puedo, según se señala, difundir informaciones y opiniones “sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión, es decir, puedo difundir información. No se especifica si es de elaboración propia o ajena, ni tampoco se pide a cambio ningún canon, tasa o similar. Lo dejo ahí.

Human Rights - Derechos Humanos

Como periodista y como bloguera, pongo a tu disposición, porque lo quiero así, mis conocimientos y mi bagaje profesional a través, en este caso, de una bitácora. Para mí, es un honor que alguien me referencie con un vínculo (otra cosa es que copie una de mis entradas y la haga pasar como suya). Me parece increíble que, por ello, tenga que pagar, aunque sea un céntimo. Y me siento agraviada porque no se reconozca mi libertad para compartir lo que considere oportuno sin que esté el dinero de por medio.

Cuando lees quiénes han asesorado al gobierno, existen ausencias muy sangrantes; aparte de las comunidades autónomas, están tres ministerios, judicatura y otros tres organismos gubernamentales. Sin duda, todos ellos entes especializados en nuevas tecnologías.

¿Dónde están las asociaciones de internautas? ¿Y el IAB, ya que a los publicistas se les ha puesto como garantes del cumplimiento de la normativa? ¿Han permitido que los medios de comunicación no adscritos a la AEDE, que hay muchos, den su opinión? Es más, ¿alguno de ellos tiene la más mínima noción de qué es la licencia Creative Commons? Porque, de facto, han acabado con ella.

Un último enlace antes de terminar (si Google me penaliza, mala suerte). María González, en su blog, explica muy bien “cómo te afecta a ti la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual”; las cosas se pueden decir más altas pero no más claras.

Periodistas amenazados sin pudor, libertad de expresión cada vez más exigua, ¿qué será lo siguiente?

Gracias por comentar y por compartir.

María Rubio